El traspaso de competencias a territorios como Euskadi, las propuestas de nuevos modelos de financiación autonómica y los acuerdos del Gobierno con partidos nacionalistas han reabierto el debate sobre si España avanza hacia una estructura más federal. Esta idea, aunque genera recelos, se ve impulsada por una realidad política donde la gobernabilidad depende cada vez más de los equilibrios territoriales y del peso creciente de las autonomías.
“"A pesar de que España tiene muchos rasgos federalizantes, no se ha avanzado en las reformas que harían de él un sistema federal, como la del Senado, la clarificación de competencias o la mejora de los instrumentos de cooperación intergubernamental."
La politóloga Astrid Barrio, de la Universitat de València, señala que, a pesar de los rasgos federalizantes, no se han implementado reformas clave como la del Senado o la clarificación de competencias. Atribuye el aumento del peso de las autonomías a la fragmentación del sistema de partidos y a la ausencia de mayorías absolutas, que generan dependencias mutuas entre los diferentes niveles de gobierno.
El expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido durante años una España federal como una evolución democrática. Actualmente, como embajador de España ante la OCDE, mantiene que el país ya es muy descentralizado, pero lamenta la falta de instrumentos cooperativos federales, especialmente en el funcionamiento del Senado, al que considera una cámara de segunda lectura en lugar de un espacio de representación territorial.
“"Federalismo no es alejamiento, sino todo lo contrario. Es ejercer desde la Generalitat federal sus competencias y, además, sumar cuando corresponda."
Joan Ribó, exalcalde de València por Compromís, comparte la visión de que el Estado autonómico tiene muchas connotaciones casi federales, con autonomías que poseen competencias significativas. Sin embargo, coincide con Puig en la necesidad de una mejor articulación política del modelo, destacando también el papel fallido del Senado como cámara territorial.
“"El modelo federal es imprescindible para hacer un Estado estable."
En contraste, el expresident Alberto Fabra (PP) rechaza el federalismo, argumentando que España ya es uno de los países más descentralizados de Europa. Según Fabra, el debate no debería centrarse en nuevas etiquetas, sino en hacer funcionar eficazmente el marco constitucional vigente, ya que el Estado autonómico ofrece suficiente autonomía para desarrollar políticas propias.
“"¿Qué te ofrece el federalismo que no te ofrece el Estado autonómico? Yo creo que no te ofrece nada."
Más allá de las discrepancias sobre el modelo, todos los actores coinciden en la importancia crucial de la financiación autonómica. Fabra defiende que este debate a menudo se utiliza para eclipsar la reivindicación de una financiación justa. Por su parte, Puig ve una oportunidad en la propuesta actual del Gobierno, subrayando la necesidad de lealtad y empatía entre autonomías. Ribó, por su parte, vincula la falta de financiación con la subordinación a decisiones centrales y la dificultad para invertir en servicios públicos.
La cuestión territorial se ha convertido en un arma de confrontación política, dificultando un debate sereno. Astrid Barrio destaca que la fragmentación política y el ascenso de posiciones maximalistas, como las de Vox cuestionando el Estado autonómico o el independentismo, complican los acuerdos. Fabra atribuye la tensión a los desequilibrios y concesiones a unos territorios frente a otros, mientras que Puig y Ribó señalan a la extrema derecha por utilizar la confrontación territorial como herramienta política, alimentando una visión de España que no refleja su diversidad.
