Este acuerdo tiene como objetivo principal determinar la participación de las tres administraciones en la financiación y ejecución de actuaciones en instalaciones hidráulicas. La mayor parte de las intervenciones se concentrarán en municipios de hasta 10.000 habitantes, aunque también se podrán realizar en sistemas de mayor capacidad si existe urgencia o necesidad.
La inversión total prevista asciende a 51,49 millones de euros para el período comprendido entre 2026 y 2029. De esta cantidad, la EPSAR financiará hasta 44,97 millones de euros, mientras que la Diputación aportará un máximo de 6,52 millones. La distribución anual de la inversión será de 5,61 millones en 2026, 22,25 millones en 2027, 16,71 millones en 2028 y 6,91 millones en 2029.
La iniciativa se enmarca en una planificación conjunta de las administraciones públicas para garantizar una actuación coordinada y eficaz en materia de saneamiento y depuración. El objetivo es mejorar la gestión de las infraestructuras hidráulicas y avanzar en la sostenibilidad y eficiencia del ciclo integral del agua.
El acuerdo contempla tanto la ejecución de nuevas infraestructuras como la mejora y modernización de las instalaciones existentes. Además, incluye actuaciones orientadas al fomento de la reutilización de aguas regeneradas, un paso clave para la gestión sostenible de los recursos hídricos.
En cuanto al reparto de responsabilidades, la Diputación asumirá el 10% del coste de ejecución de las actuaciones en instalaciones de titularidad local, además de financiar íntegramente la redacción de proyectos y la dirección de obra. Por su parte, la EPSAR asumirá el 90% restante de la ejecución en instalaciones locales y financiará todas las actuaciones en instalaciones de titularidad de la Generalitat.
El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y podrá prorrogarse por períodos anuales hasta un máximo de cuatro años adicionales. Con esta autorización, el Consell impulsa la colaboración interadministrativa para reforzar las infraestructuras de saneamiento en la provincia de València y garantizar un servicio eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de los municipios.
