El Ayuntamiento de València remite a Fiscalía nuevos fraudes en empadronamientos

El consistorio ha detectado irregularidades en contratos de alquiler utilizados para empadronamientos sin consentimiento de los propietarios.

Imagen genérica de documentos oficiales y un bolígrafo sobre un escritorio.
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Imagen genérica de documentos oficiales y un bolígrafo sobre un escritorio.

El Ayuntamiento de València ha trasladado a la Fiscalía Provincial nuevos casos de posibles irregularidades en contratos de arrendamiento utilizados para empadronamientos, sumándose a un expediente ya abierto por hechos similares.

Estas acciones se añaden a una investigación previa, iniciada a raíz de la denuncia de un propietario que descubrió que personas desconocidas se habían empadronado en su vivienda sin haber firmado ningún contrato de alquiler.
Recientemente, el consistorio ha incorporado dos nuevas denuncias al expediente. Una de ellas hace referencia a contratos de alquiler presuntamente irregulares, que ya habían sido objeto de denuncia ante la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.
La segunda denuncia detalla el empadronamiento de hasta cinco personas en un mismo domicilio sin el conocimiento de su propietario, quien, además, recibió notificaciones oficiales dirigidas a terceros. En ambos casos, las investigaciones municipales apuntan al uso de contratos de arrendamiento con posibles manipulaciones o falsificaciones.

"Las actuaciones comenzaron al detectar que varias altas en el padrón se habían tramitado con contratos que presentaban un formato idéntico pero con firmas distintas del supuesto propietario, lo que generó dudas sobre su autenticidad entre los técnicos."

Juan Carlos Caballero · Concejal de Registro y Población
El concejal responsable del servicio de Registro y Población, Juan Carlos Caballero, ha explicado que también se ha identificado un patrón repetido de utilización de viviendas sin el consentimiento de sus titulares para realizar empadronamientos sucesivos de diferentes personas.
Ante estos hechos, y en cumplimiento de la normativa vigente, el Ayuntamiento ha remitido toda la documentación a la Fiscalía para que determine si los hechos pueden constituir delito y, en su caso, se inicien las diligencias correspondientes.