Las nueve sentencias del TSJCV, que dan la razón a los ayuntamientos afectados, no activarán de manera inmediata las obras de reforma de centros educativos. La decisión de la Conselleria, dirigida por Carmen Ortí, de acudir o no al Tribunal Supremo es clave para determinar los próximos pasos y ejecutar la sentencia, que permitiría a los consistorios asumir las reformas con la dotación económica correspondiente.
Fuentes del departamento indican que se está estudiando la situación, ya que los recursos no son firmes. La Generalitat utiliza este margen de 30 días para analizar si alarga el litigio judicial, iniciado en mayo de 2024, pero con raíces en el inicio de la legislatura con el anterior conseller José Antonio Rovira.
El conflicto se remonta a junio de 2023, cuando la anterior consellera de Educación, Raquel Tamarit, firmó la resolución de Edificant para 15 centros. Posteriormente, Rovira anuló esta actuación alegando "lesividad" para la Administración autonómica, decisión que ahora el TSJCV ha tumbado.
El secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, ha criticado que las sentencias "desmontan la excusa" del Consell actual para paralizar actuaciones ya tramitadas. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha señalado a Ortí y Rovira como "responsables" de las "condiciones deplorables" en 15 escuelas. Soler ha denunciado la pérdida de tiempo "por pura decisión política" y exige "rapidez" para reactivar las obras.
La resolución judicial argumenta que la delegación de competencias "no entraña la incorporación de nuevas directrices de ordenación política", sino la ejecución de las ya existentes. La Generalitat deberá decidir si pone más obstáculos o garantiza la ejecución de las obras cuanto antes.
