Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa conocida como el 'hijo en apuros', que ha defraudado más de 220.000 euros a decenas de personas en todo el territorio nacional. La operación ha culminado con la detención de 42 individuos, 34 hombres y 8 mujeres, todos ellos residentes en la ciudad de Valencia y otros municipios de la provincia.
Las investigaciones se iniciaron en junio de 2025, tras recibir diversas denuncias que alertaban sobre esta modalidad de estafa. El grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia asumió el caso, logrando identificar y localizar a los presuntos responsables. En total, se han esclarecido 46 denuncias a nivel nacional, con un importe estafado que asciende a 221.477 euros.
Los estafadores se aprovechan de la confianza de las víctimas, haciéndose pasar por sus hijos a través de aplicaciones de mensajería instantánea y solicitando dinero con cualquier pretexto de urgencia.
La rápida actuación policial permitió frenar varias estafas en curso y bloquear transferencias fraudulentas por un valor de 18.924 euros, que fueron reintegrados a sus legítimos propietarios. Esta modalidad de estafa consiste en que los delincuentes contactan con las víctimas, a menudo personas mayores, haciéndose pasar por sus hijos y pidiendo dinero de forma urgente para supuestas necesidades, como la compra de un nuevo teléfono móvil.
Las cantidades estafadas eran recibidas en cuentas bancarias a nombre de personas conocidas como 'mulas', que colaboran con la organización delictiva. Estas 'mulas' son captadas de diversas maneras, incluyendo ofertas de trabajo falsas o el pago de un porcentaje del botín. Durante la investigación, se identificaron y detuvieron a ocho personas que actuaban como captadores de 'mulas'.
La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar cualquier intento de captación como 'mula' o de ser víctima de esta estafa para poder bloquear las cuentas y recuperar el dinero. La colaboración con las autoridades evita la responsabilidad penal, mientras que participar en el envío de dinero convierte a la persona en colaboradora del delito.
