Compromís alerta que la sentencia sobre apartamentos turísticos puede abrir la puerta a nuevas licencias
La coalición critica la "negligencia" del gobierno local y advierte de un vacío legal peligroso para la vivienda en la ciudad de València.
Por Neus Mollà i Roca
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Fachada del ayuntamiento de València con balcones de hierro forjado y luz solar cálida.
El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha señalado que la sentencia del TSJCV que anula parte de la moratoria de apartamentos turísticos puede abrir la puerta a nuevas licencias y reclamaciones patrimoniales en la ciudad.
La coalición política ha censurado la "negligencia" del equipo de gobierno local, liderado por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, respecto a la moratoria. Ha asegurado que el fallo del TSJCV "deja un escenario muy preocupante" para València, ya que "puede haberse abierto un vacío legal que permita reclamar indemnizaciones e, incluso, reactivar la concesión de licencias, en un momento en el que la presión sobre la vivienda es ya insostenible".
Compromís ha expuesto que "si la resolución se confirma, promotores y operadores podrían reclamar lucro cesante por las licencias paralizadas e, incluso, intentar tramitar nuevos proyectos con la normativa anterior, mucho más permisiva". Este grupo municipal ha afirmado que se genera "un escenario que podría agravar aún más la expulsión del vecindario y la tensión del mercado inmobiliario".
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"La ciudad de València no se puede permitir ni un paso atrás. Estamos ante un vacío legal muy peligroso. Si no se actúa rápidamente, podemos encontrarnos con una nueva avalancha de apartamentos turísticos en barrios ya saturados. No podemos tolerar más presión sobre la vivienda ni más expulsión de vecinos."
Robles ha resaltado que la prioridad debe ser blindar el derecho a la vivienda frente a un sector "voraz, muy bien organizado y con una gran capacidad jurídica". Ha subrayado que "es necesario que el Ayuntamiento recurra a todas las instancias posibles y actúe con contundencia para evitar que esta grieta legal sea aprovechada. El derecho a una vivienda digna debe estar por encima de cualquier interés económico".
La formación política ha lamentado que el gobierno municipal "haya llegado a esta situación tras meses de inacción y decisiones erráticas". Han recordado que apoyaron la moratoria, pero precisaron que ya advirtieron "de que era una medida de mínimos y que debía reforzarse jurídicamente". Desde Compromís han agregado que "la responsabilidad directa del gobierno de Catalá es que no ha sabido garantizar la seguridad jurídica".
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"Esta situación también es una oportunidad para replantear la regulación y ser más ambiciosos, como ya están haciendo otras ciudades. Apostamos por la prohibición total, como ya han hecho otras ciudades. No basta con frenar nuevas licencias, hay que poner límites reales e incluso establecer mecanismos para que los apartamentos turísticos actuales tengan fecha de caducidad."
El grupo municipal ha expuesto que "el reto es claro: actuar con urgencia para cerrar cualquier grieta legal y garantizar que València no siga avanzando hacia un modelo de ciudad que expulsa a su vecindario". Papi Robles ha apostillado que "no estamos hablando solo de una norma, estamos hablando del derecho a vivir en nuestra ciudad".