El miércoles 15 de abril de 2026, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes marcó el inicio de un complejo proceso burocrático. Este procedimiento permitirá a personas en situación irregular o que han solicitado protección internacional acceder a una autorización de residencia y trabajo legal, con una vigencia inicial de un año renovable, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Desde primera hora de la mañana, muchas personas se han acercado a las oficinas municipales para verificar la documentación necesaria para la tramitación telemática, que se abrirá el jueves 16 de abril. La tramitación presencial, que requerirá cita previa disponible también desde el jueves 16 de abril, comenzará el 20 de abril.
Las interminables filas en el padrón municipal han sido motivo de confrontación entre los partidos políticos. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, denunció que María José Catalá y Vox están “boicoteando la regularización de las personas migrantes en la ciudad” y les exigió que “refuercen el personal de este servicio para poder atender a las personas”.
“"Catalá y Vox no amplían los medios del padrón para generar largas colas y desincentivar que las personas que tienen derecho a tener papeles en nuestro país puedan ejercer ese derecho."
Sanjuan calificó la situación de “auténtica vergüenza” y sugirió que “se podría llamar racismo institucional”, recordando que el ayuntamiento “ha ido reduciendo los recursos de atención a las personas migrantes”. Mencionó la retirada del abogado que asesoraba en temas de inmigración y la obligación de hacer colas para dificultar el cumplimiento de los plazos.
Por su parte, fuentes municipales respondieron que las acusaciones del PSPV “faltan a la verdad con el único objetivo de trasladar al ayuntamiento un asunto que única y exclusivamente es competencia del gobierno de Pedro Sánchez”. Lamentaron que el Gobierno genere un proceso de regularización sin definir criterios claros ni facilitar información suficiente, cargando toda la presión sobre los ayuntamientos sin recursos adicionales. “Esto provoca incertidumbre y un aumento de la demanda que ningún municipio puede absorber de forma inmediata sin apoyo estatal”, afirmaron.
