Esta decisión se produce después de la sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de València, que ordena al Ayuntamiento de València adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o conciertos vulneren el derecho fundamental de los vecinos a la intimidad y la integridad moral.
En el escrito, CACSA resalta que, aunque no es parte directamente afectada por el fallo judicial, plantea una solución que permita la celebración de eventos musicales que cumplan con las medidas para evitar la contaminación acústica, respeten los niveles sonoros legales e impidan la vulneración de los derechos fundamentales de los residentes.
Compatibilizar la actividad cultural con el respeto a la legalidad y a los vecinos.
Para ello, CACSA reforzará sus medidas ya existentes contra el ruido. Exigirá que cada promotor presente un plan de actuación en sede judicial antes de cada evento, garantizando que los medios técnicos y tecnológicos utilizados y los procedimientos de control cumplirán con las condiciones exigidas.
Estas nuevas medidas complementarán y reforzarán las que ya se venían llevando a cabo, como el traslado a los promotores de un informe técnico de auditoría acústica para la implementación de eventos, o la exigencia de documentos como la licencia ambiental, el plan de emergencias y autoprotección, certificados de montaje y estructuras, acreditación de la legalización de instalaciones eléctricas, sistemas de control de aforo y un informe de inspección de infraestructuras realizado por un Organismo de Control Autorizado (OCA).
Además, los promotores deberán firmar una declaración responsable, manifestando que cumplen con los requisitos de la normativa vigente para desarrollar la actividad, que disponen de la documentación acreditativa y que se comprometen a mantener el cumplimiento durante la vigencia de la actividad, de conformidad con la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de València y el resto de normativa aplicable.
