Las grabaciones, publicadas por eldiario.es, muestran cómo el concejal explicaba a trabajadores afectados por el cierre del Consorcio València 2007 las opciones que tenían para reubicarse dentro de la administración. La reunión con la plantilla se realizó en la primavera de 2024, en el marco del proceso de liquidación del ente.

En los audios, Olano detalla las convocatorias de puestos de trabajo en entidades municipales y anima a los trabajadores a presentarse. También les invita a hacerle llegar su disponibilidad de manera discreta: "Si alguien está interesado, que me lo diga en privado". El concejal expone el calendario de convocatorias y el margen real de maniobra del consistorio, reconociendo que las nuevas plazas podrían conllevar peores condiciones laborales. Según su relato, se trataría de vacantes ya existentes en organismos como fundaciones municipales o empresas públicas, que se sacan a concurso en paralelo al proceso de extinción del consorcio.

La investigación de Anticorrupción se ha abierto a raíz de una denuncia de Compromís, que señala posibles irregularidades en la convocatoria casi simultánea de puestos de trabajo en la Autoridad Portuaria de València y en entidades municipales como Visit València o la Fundación Deportiva Municipal. El foco se sitúa en la posibilidad de que estos procesos se hayan utilizado para facilitar la reubicación de unos trabajadores concretos.

Uno de los elementos que han reforzado las sospechas es la existencia de actas notariales previas a algunas adjudicaciones, en las que ya se hacía constar el nombre de las personas que acabarían obteniendo determinadas plazas. Este extremo coincide con conclusiones de un informe de la Intervención General del Estado que apunta a posibles irregularidades en algunos procesos selectivos.

A pesar de todo, el concejal defiende en las mismas conversaciones que todas las convocatorias se han realizado dentro de la legalidad y de acuerdo con las plantillas existentes, sin ampliaciones. También asegura que el proceso ha sido supervisado por técnicos municipales y que se ha actuado dentro de los límites que permite la normativa. El caso sitúa al gobierno de María José Catalá bajo una presión creciente.