Además de la alcaldesa, también están siendo investigadas dos concejalas de su equipo de gobierno —Rocío Gil y Paula Llobet—, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y varios trabajadores públicos. Este caso parte de una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís.

La denuncia de Compromís acusa a Catalá de haber coordinado procesos administrativos para recolocar a empleados del antiguo Consorcio Valencia 2007 en distintos organismos públicos. Este consorcio, en proceso de liquidación desde 2024, gestionaba infraestructuras vinculadas a la Marina de Valencia.

Según la denuncia, durante ese periodo se habrían puesto en marcha varios procesos de selección casi simultáneos en el Ayuntamiento, fundaciones municipales y el Puerto. Los denunciantes sostienen que algunas de estas convocatorias podrían haber sido diseñadas para beneficiar a extrabajadores del consorcio liquidado, permitiendo su incorporación a nuevos puestos públicos en el Puerto de València.

Incluso se señala que ciertas plazas podrían haber estado adjudicadas de antemano. Un informe de la Intervención General del Estado también apunta a posibles irregularidades, al detectar que estos procesos podrían vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.