La jornada de huelga general, convocada por la Intersindical, la COS, la CGT y la CNT para exigir responsabilidades por la gestión de la gota fría, incluyó un corte de tráfico donde un centenar de personas fueron identificadas. Según la organización antirrepresiva, unos meses después comenzaron a llegar propuestas de sanción por importes que oscilaban entre 600 y 800 euros.
Hasta ahora, Alerta Solidària ha contabilizado un total de 66 multas, sumando un importe global de 40.746 euros. La entidad informa que los afectados han comenzado a recibir las resoluciones definitivas de los expedientes, las cuales, según Alerta Solidària, desestiman los argumentos de defensa basados en el derecho de huelga y de manifestación.
La organización critica la persistencia de estas sanciones, especialmente tras las recientes declaraciones de la delegada del gobierno español en la Comunidad Valenciana sobre las movilizaciones de la comunidad educativa. También denuncia la continuidad en la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza.
Alerta Solidària está preparando recursos de alzada contra las sanciones, que serán resueltos por el Ministerio del Interior español. La entidad advierte que el criterio aplicado en estos expedientes podría extenderse a participantes en movilizaciones posteriores, como las huelgas del sector educativo.
Desde febrero, Alerta Solidària, junto con representantes sindicales y miembros del movimiento popular de València, han expresado ante la delegación del gobierno su preocupación por el uso represivo de las sanciones administrativas contra el derecho de huelga y de manifestación.
