La sesión, impulsada por el alcalde César Palmer, ha sido rechazada por los tres concejales socialistas y la edil no adscrita, quienes han votado en contra de la urgencia. A favor se han manifestado el alcalde y los dos concejales del Partido Popular.
Los cuatro concejales que han impedido la celebración del pleno —Andreu Ripoll, Sofía Domínguez y Rubén Colomina del PSOE, y la edil no adscrita Saray González— han denunciado públicamente una serie de irregularidades en la convocatoria. Estos mismos concejales son quienes presentaron una moción de censura contra el alcalde.
Este pleno ha sido convocado mediante decreto de Alcaldía para aprobar varios puntos de carácter económico (como modificaciones de crédito) que llevaban más de seis meses paralizados.
Además, han expresado dudas sobre la redacción del acta de la sesión anterior, que se incluía en el orden del día, ya que ha sido redactada después de la destitución del anterior secretario sin que este hubiera podido rubricarla. Los concejales también han señalado posibles ilegalidades en la convocatoria del pleno extraordinario y urgente, recordando que la normativa exige la ratificación de la urgencia como primer punto del orden del día.
Los firmantes han hecho un llamamiento al resto de miembros de la corporación para no apoyar actuaciones que consideran contrarias a la legalidad y a los principios democráticos. Han anunciado que trasladarán los hechos a la Fiscalía para su investigación y han presentado una demanda por las decisiones del alcalde que han impedido la tramitación de la moción de censura.
Lo urgente era convocar el pleno ordinario de marzo y la moción de censura, y ahí es cuando los proveedores hubiesen podido cobrar.
Los concejales han querido dejar claro que no se oponen al pago de los proveedores, algunos de los cuales llevan más de seis meses sin cobrar debido a la gestión del alcalde, sino que defienden que las cosas deben hacerse cumpliendo la ley y respetando la democracia. El alcalde gobierna en solitario desde el pasado noviembre, después de que el PP y otra edil no adscrita, que habían concurrido por Compromís, pasaran a la oposición. Esta situación se desencadenó a raíz de una denuncia pública del PSOE sobre supuestas irregularidades en el ingreso de 1.625 euros de la recaudación de la piscina municipal.
