La situación política en Alcoy ha alcanzado un punto crítico después de que el pleno municipal rechazara la propuesta de presupuestos presentada por el gobierno de coalición, formado por el PSPV y Compromís. Ante este bloqueo, el alcalde Toni Francés, del PSPV, ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario para el martes 14 de abril.
En esta sesión, el presupuesto se someterá a una moción de confianza, un mecanismo legal regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que vincula la continuidad de la alcaldía a la aprobación del documento económico. Esta decisión busca desbloquear la gestión municipal y obligar a la oposición a tomar una postura clara.
El ejecutivo municipal considera que el proyecto industrial de Alcoy Sur no debe interferir en la validación de las cuentas.
El debate previo a esta decisión estuvo marcado por la controversia en torno al proyecto industrial de Alcoy Sur. Mientras el gobierno municipal, en minoría, defiende que este plan no debería afectar la aprobación de las cuentas, el bloque de la oposición —integrado por PP, Vox y Guanyar, que suman mayoría— ha utilizado este punto como argumento central para su voto negativo.
El Partido Popular ha criticado la «ambigüedad» del gobierno en materia industrial, Vox ha denunciado una falta de inversiones reales y Guanyar ha exigido la renuncia explícita al proyecto de La Canal para proteger el acuífero del Molinar, calificando de «irresponsable» la postura del ejecutivo.
Este movimiento del alcalde sitúa a la oposición ante un dilema con plazos estrictos. Si la moción de confianza no obtiene el apoyo mayoritario el martes, se abrirá un período de un mes en el que PP, Vox y Guanyar podrán intentar presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía. Este escenario es complejo, dada la disparidad ideológica de los grupos que conforman la actual mayoría de la oposición.
En caso de que la oposición no logre articular una mayoría alternativa o la moción de censura no prospere, el presupuesto de 2026 quedará aprobado de forma definitiva y automática por imperativo legal. Con este ultimátum, el alcalde busca forzar a los grupos de la oposición a elegir entre permitir el avance de las cuentas diseñadas por el PSPV y Compromís o asumir la responsabilidad de conformar un nuevo gobierno para la ciudad.
