Vicente Caturla, secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat, declaró ante la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. Según Caturla, la promoción de viviendas de protección pública en Alicante comenzó con una legislación que garantizaba la igualdad y la transparencia, pero cambió con la entrada en vigor del 'decreto Mazón'.
El testigo alegó que su departamento no tiene la capacidad de verificar si la información entregada por los solicitantes es correcta. Puso como ejemplo que, si alguien tiene una pareja de hecho y no lo declara, no hay forma de comprobarlo. Además, explicó que el promotor adjudicaba las viviendas de manera personal y que la administración velaba por el cumplimiento de los requisitos, pero sin tener suficientes medios para ejercer un control efectivo.
Caturla señaló a Roberto Palencia, un funcionario de la dirección territorial de Alicante que fue expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat. Palencia se propuso para visar los contratos y revisó por iniciativa propia los 140 expedientes, los cuales se tramitaron íntegramente de forma telemática.
La administración comprueba los ingresos y la posesión de una única vivienda mediante la declaración de la renta y el Registro de la Propiedad. Sin embargo, no se verifica si una persona tiene varias viviendas a nombre de una empresa de la que sea administrador. La unidad familiar se declara mediante una declaración responsable de los solicitantes.
“"Hoy se ha reconocido abiertamente que no existían medios para comprobar si la documentación aportada por los adjudicatarios era veraz ni si cumplían realmente los requisitos para acceder a una vivienda pública. Estamos ante un sistema fallido que ha permitido un auténtico pelotazo con recursos públicos."
El escándalo se destapó cuando se supo que la esposa de Roberto Palencia había sido adjudicataria de uno de los pisos de protección pública en la promoción Les Dunes. Cuando Vicente Caturla le pidió explicaciones, Palencia habría dicho: “La he cagado, asumo las consecuencias”. Caturla aseguró que se abrió un expediente a Palencia, pero que posteriormente fue archivado, por lo que Palencia continúa en su puesto.
La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, criticó el “sistema fallido” de adjudicación de VPO. Tras la declaración testifical, Barceló afirmó que el modelo de vivienda del PP abre la puerta a “pelotazos” como el de Les Naus, y destacó que los controles no funcionaron durante la adjudicación de viviendas bajo el mandato del alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala.
