Esta confesión fue trasladada por Juan Manuel Galbis, director territorial de la conselleria, a la magistrada titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. La declaración se produjo este miércoles durante la primera ronda de comparecencias de testigos relacionados con los expedientes de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus.
Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad.
Según Eduardo García-Ontiveros, abogado de la acusación popular ejercida por Ciudadanos (Cs), estas fueron las palabras del funcionario a Galbis cuando el caso saltó a los medios de comunicación y se le preguntó por la inclusión del nombre de su pareja entre los beneficiarios. El funcionario, que fue expedientado por Vivienda, se reincorporó el pasado lunes.
El técnico era el único responsable de todos los expedientes de las viviendas, ya que asumió esta responsabilidad para tramitar y visar en exclusiva las peticiones de viviendas públicas en Les Naus. Además de Galbis, también declararon como testigos Concepción Morillas, jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, y Vicente Caturla, secretario territorial adjunto del mismo departamento. En el procedimiento están personados Ciudadanos, el PSPV-PSOE y la Fiscalía Anticorrupción.
García-Ontiveros adelantó que solicitarán la declaración de este técnico funcionario de Vivienda, cuya pareja fue beneficiaria de una de las casas, para que “explique lo ocurrido”. Añadió que es pronto para saber la fecha de su comparecencia.
Los testigos indicaron que la normativa actual de vivienda pública es un “coladero” que permite a los promotores hacer cosas indebidas, ya que no hay una regulación que obligue a la administración a cumplir los requisitos. Los funcionarios confiaron en el técnico expedientado por su experiencia de más de 20 años y no revisaban los expedientes.
Las próximas declaraciones están previstas para el 24 de abril, cuando comparecerán los cinco funcionarios restantes de la delegación territorial de Vivienda que participaron en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado el caso de Les Naus como un “escándalo” que ha provocado una fuerte tormenta política en el ayuntamiento, con dimisiones como la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos hijos y sobrino adquirieron una VPP.
