El caso se remonta al 9 de julio de 2022, cuando Pedro A.dG.M. sufrió un desmayo y convulsiones en su domicilio de la Playa de San Juan, en Alicante. Su familia contactó con el 112 en varias ocasiones, pero las primeras unidades de emergencia, un Soporte Vital Básico (SVB) y un Soporte Vital Avanzado con enfermero (SVAe), llegaron sin médico.
No fue hasta las 11:54 horas, casi una hora después de la primera llamada, que llegó una unidad de Soporte Vital Avanzado con médico. A pesar de los esfuerzos de reanimación, el hombre falleció por infarto. La familia, representada por la abogada Raquel Sánchez Navarro, denunció la falta de médicos y la decisión del coordinador del CICU de no trasladar al paciente inmediatamente al hospital, que se encontraba a solo cinco minutos.
Si se hubiera actuado inmediatamente aplicando los protocolos respectivos, el desenlace final hubiera sido evitable.
Los informes técnicos concluyeron que la "carencia de recursos suficientes del sistema sanitario" provocó un retraso en la atención, y que el Servicio Público de Salud no actuó de acuerdo con la lex artis ad hoc. La indemnización de 59.998,55 euros, fijada por la Conselleria, es una quinta parte de los 294.292,71 euros solicitados por la familia, basándose en la probabilidad de supervivencia en casos similares.
