La Universidad de Alicante (UA) ha fijado en 100 euros la cuantía para la reserva de plaza a partir del próximo curso, mientras que la Universidad Miguel Hernández (UMH) solicitará 150 euros. Estas cantidades se descontarán del precio final de la matrícula si el alumno se inscribe, pero no serán reembolsables si finalmente no se matricula.
La Universitat de València y la Politécnica ya han anunciado que pedirán 300 euros en concepto de prematrícula. La Universidad Jaume I de Castellón ya aplica esta medida desde hace años. El objetivo es evitar que los estudiantes se preinscriban en varias titulaciones y luego renuncien, generando vacantes que no se pueden reasignar a otros aspirantes.
Las instituciones académicas buscan guardar de algún modo la plaza a los estudiantes de una formación al alza y acabar con una problemática muy frecuente provocada por aquellos que reservan en muchas opciones y que después van descartando las que menos les encajan.
La Conselleria de Educación trabaja en la modificación de un decreto para dotar de seguridad jurídica esta medida, respondiendo al interés de las universidades para poner fin a estas prácticas. El abuso de preinscripciones sin coste económico afecta especialmente a los másteres con más listas de espera, como el de profesorado. Por ejemplo, la UA, con más de 2.000 alumnos de máster, ofrece 500 plazas para el posgrado de profesorado, pero recibe entre 2.300 y 2.500 solicitudes.
En la UMH, donde estos estudios son más recientes, se ofertan 400 plazas y este curso ha recibido 1.368 solicitudes de preinscripción, frente a las 933 del año pasado y las 1.065 del anterior.
Esta medida se enmarca en otras reformas de la administración autonómica para el ámbito universitario. Otra iniciativa importante es la gratuidad del primer curso de carrera para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas, anunciada por el Consell. Esta devolución de tasas beneficiará tanto a alumnos de instituciones públicas como privadas, buscando que las becas no dependan exclusivamente del código postal o del sueldo de los padres. La medida, anunciada en el discurso de investidura del presidente autonómico, todavía está pendiente de aprobación mediante decreto.
Además, el departamento de la consellera tiene pendiente desarrollar el Plan Plurianual de Financiación, aprobado el año pasado, que busca dar estabilidad a las universidades, pero todavía no concreta el presupuesto para los campus. La Generalitat también debe detallar la financiación extra por objetivos, una cuestión que los responsables académicos han reclamado. Finalmente, el Consell debe concretar los detalles y plazos de la red para el empleo anunciada en su primera reunión con los rectores, para adecuar la oferta de títulos a las demandas sociales.
