Este documento se enmarca en la pieza separada número 7 de esta macrocausa, que investiga el PAI del Espartal de Xixona. En concreto, se centra en la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona para ampliar la desalinizadora de Mutxamel-el Campello.

Según la UCO, el acuerdo habría sido impulsado por el grupo empresarial Axis, del empresario Jaime Febrer, con la participación del abogado José Luis Vera, vinculado al PSOE, y del director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan Navarro. Estos habrían hecho viable el convenio.

Como contraprestación, se habría pactado una comisión de dos millones de euros. De esta cantidad, se han identificado pagos a diversos destinatarios, incluyendo 563.500 euros a José Luis Vera y 615.823 euros al PSOE. La cantidad destinada a los socialistas se materializó mediante el pago de servicios a empresas de publicidad y comunicación, lo que permitió al partido ahorrarse gastos en las campañas electorales de 2007 y 2008.

En cuanto al PP, la UCO señala que el grupo Axis también asumió gastos electorales de la candidatura municipal en Xixona en 2007, con pagos de 87.264 euros a una mercantil del grupo Engloba por trabajos de campaña. El convenio investigado permitió desbloquear la tramitación del PAI, que estaba paralizada por la falta de recursos hídricos, al destinar la ampliación de la desalinizadora al abastecimiento de Xixona.

Otro informe de la UCO aportado al juzgado en el marco del caso Assut detalla reuniones del exconcejal de Urbanismo de València y actual director general de Transparencia, Jorge Bellver, con el empresario Jaime Febrer en locales de ocio y sedes de empresas para tratar asuntos urbanísticos. Los investigadores también vinculan a Bellver con la recepción de "regalos" para influir en trámites urbanísticos que habrían beneficiado a constructoras investigadas, como relojes de 2.000 a 3.000 euros, champán o maletas de lujo.

Este nuevo informe, ampliación de uno anterior de 2021, se centra en el desarrollo urbanístico de la zona del Grau de València y describe contactos con diversos cargos y personas vinculadas a la administración para "hacer viable" la tramitación. La Guardia Civil sostiene que el grupo Axis habría utilizado el pago de comisiones u otros beneficios para influir en procedimientos administrativos, en una dinámica que considera generalizada en las operaciones investigadas dentro de esta macrocausa.