La magistrada ha tomado esta decisión en una providencia dictada este viernes, ante la falta de respuesta del consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de mayo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de Alicante deberá personarse en las dependencias de los servicios jurídicos municipales.

El objetivo es "identificar" al responsable y requerirle que aporte los documentos solicitados "en el plazo improrrogable de cinco días naturales". La providencia detalla que, en caso de un nuevo incumplimiento, el responsable de los servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia, previsto en el artículo 556 del Código Penal.