Las familias, organizadas en el Sindicato de Vivienda de las Carolinas, reclaman la devolución de gastos que consideran indebidos, como el IBI, la comunidad o la tasa de basura. Además, denuncian la obligación de contratar un seguro de impago anual, cuyo coste equivale aproximadamente a la mitad de una mensualidad del alquiler.

Las demandas, presentadas en los juzgados de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, buscan tanto la recuperación de las cantidades abonadas por estos conceptos como la eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos. Este proceso ha sido impulsado por la cooperativa de abogados El Rogle, con sede en Valencia, tras un año de organización de los inquilinos afectados.

Desde el sindicato, se asegura que estas prácticas forman parte de un modelo especulativo de grandes empresas inmobiliarias. También se denuncia que las viviendas de Nestar continúan calificadas como viviendas protegidas, a pesar de los elevados alquileres, la falta de mantenimiento y los intentos de venta por encima de los precios legalmente establecidos.

Esta iniciativa sigue la línea abierta por otros sindicatos de vivienda, como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ya ha conseguido sentencias contra este mismo fondo. Una resolución del pasado mes de junio declaró abusivas seis de las siete cláusulas impugnadas. Según el Sindicato de Vivienda de las Carolinas, esta es la primera demanda colectiva de estas características impulsada por un sindicato de vivienda en la Comunidad Valenciana.