Esta nueva zonificación reducirá el tamaño de las áreas de atención y descentralizará la gestión, permitiendo que cada solicitante tenga un profesional de referencia, similar al modelo de la Atención Primaria. La concejala de Acción Social, Celia Lastra, destacó que esta medida busca evitar la fragmentación actual y mejorar la coordinación entre servicios, tras un año de trabajo en la reforma.
Uno de los objetivos principales es reducir la población atendida por cada zona. Actualmente, cada área básica atiende a una media de 63.695 personas, cifra que se reducirá a 36.397 con el nuevo modelo, un descenso del 42,85%. Esta redistribución, impulsada por el ejecutivo local de PP y Vox, pretende mejorar la capacidad de atención, reducir la carga de trabajo de los equipos y aumentar la proximidad con la ciudadanía, facilitando la detección temprana de vulnerabilidades.
El nuevo modelo también reorganiza la estructura territorial, pasando de una división este-oeste a un esquema norte-sur con siete áreas. La Zona 1 (Carrús Oeste) incluye barrios como Toscar y Sagrada Familia; la Zona 2 (Carrús Este) abarca Casablanca y Plaza Barcelona; la Zona 3 (Altabix Norte–Candalix) comprende Altabix y la zona universitaria; la Zona 4 (Pla Norte) integra Corazón de Jesús y Obispo Siuri; la Zona 5 (Pla-Sector V–Centro) engloba barrios céntricos como San José y El Raval; la Zona 6 (Altabix Sur–Travalón) incluye Palmerales y San Antón; y la Zona 7 (Pedanías Este) agrupa núcleos rurales y costeros como La Marina y El Altet.
Otro cambio relevante es la descentralización de la gestión de expedientes. Cada centro social tendrá plena capacidad para gestionar los expedientes de su zona, incluyendo los relacionados con la renta valenciana o la dependencia, lo que agilizará los procesos y reducirá los tiempos de respuesta, especialmente en ayudas urgentes. La reforma pone énfasis en la mejora de la respuesta ante situaciones de alto riesgo de vulnerabilidad social.
“"Una persona no puede esperar a julio si tiene una necesidad ahora."
Aunque no se espera un aumento de plantilla, la clave será la reorganización de los 280 profesionales existentes, que se distribuirán en unidades más pequeñas. Este nuevo modelo es fruto de un proceso técnico y participativo, con la colaboración de más de 115 trabajadores de servicios sociales y la validación de expertos de la Universidad de Alicante y la Generalitat.
