Durante su visita, el subdelegado del Gobierno en Alicante ha afirmado que la regularización es una medida "necesaria y responsable" para las personas que ya residen y trabajan en España, y que deben poder hacerlo con plenos derechos y garantías. Ha destacado que esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo social, político y económico, ofreciendo seguridad jurídica dentro del marco legal vigente.
El subdelegado ha enmarcado la regularización como un proceso que requiere coordinación entre las administraciones y una atención eficaz a la ciudadanía. En este sentido, ha valorado positivamente el papel de varios municipios de la provincia, como Elda, Villena, Alcoy y Dolores, por su atención "clara y eficaz" durante este proceso.
“"No nos van a encontrar en batallas políticas. Este proceso exige responsabilidad, coordinación y altura institucional."
Sin embargo, ha lamentado que ayuntamientos como el de Alicante o el de Elche no estén realizando el mismo esfuerzo en estos momentos. Ha insistido en la importancia de que todas las administraciones se impliquen de forma coordinada para dar respuesta a una regularización que afecta a numerosas personas en la provincia.
El subdelegado ha concluido que la regularización no solo favorece la integración, sino que también fortalece el mercado laboral y contribuye al sostenimiento del Estado del Bienestar, vinculando así el proceso tanto a la cohesión social como al ámbito económico.
