Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya determinado que la jurisdicción social es la competente para abordar este procedimiento. La causa parte de una demanda presentada por una funcionaria del Ayuntamiento de El Campello, que atribuye al regidor un supuesto episodio de acoso laboral.

En un primer momento, en julio de 2023, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante declaró su falta de jurisdicción y remitió a la demandante a la vía contencioso-administrativa o penal. La trabajadora interpuso después un recurso de reposición, que fue desestimado en febrero de 2025.

Tras ello, elevó el asunto al alto tribunal valenciano, que en noviembre de 2025 revocó la resolución anterior y concluyó que la jurisdicción social sí debía conocer de la demanda. Según esa resolución, pese a que la tutela de los derechos del funcionariado corresponde con carácter general a la jurisdicción contencioso-administrativa, el caso encajaría en una de las excepciones previstas en la legislación que regula la jurisdicción social y respaldadas por jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Con ese criterio, el procedimiento regresa ahora al ámbito social y ya tiene señalada fecha para juicio en Alicante. El señalamiento para el 24 de noviembre supone la reactivación de una causa que había quedado fuera de esta vía judicial tras la decisión adoptada hace casi tres años.

El alcalde de El Campello ha rechazado pronunciarse sobre este asunto al ser preguntado por ello. Desde su entorno han sostenido que no suelen realizar declaraciones sobre este tipo de procedimientos y han recordado que la demanda ya fue archivada hace dos años por ese mismo órgano judicial.