La comisión municipal de Alicante ha celebrado una nueva sesión para fiscalizar las viviendas de protección oficial (VPO) construidas en la ciudad, con especial atención al proceso de venta de la parcela donde se levantaron los 140 pisos del Residencial Les Naus. Se investiga la "anormalidad de premura" en el registro de la oferta de la cooperativa que acabó comprando el solar municipal, situado en el distrito de Playa de San Juan.
Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), apuntó que no veía "normal" que la cooperativa registrara su propuesta al día siguiente de la apertura del plazo, considerando la complejidad de la presentación. Según aseguró, cualquier licitador debía aportar garantías bancarias y seguros, elementos que no se pueden obtener en 24 horas. Ros explicó que la redacción de un proyecto arquitectónico requiere "mucha documentación administrativa" y que, en condiciones "normales", se tardaría "un mes" en redactarlo, a diferencia de las 24 horas del caso.
Ros también explicó el recurso presentado por Provía contra la inclusión de la cláusula de anticipación como fórmula de desempate. Según su opinión, esta fórmula "vulneraba o no garantizaba el principio de igualdad de oportunidades a todas las empresas", y añadió que "olía mal", ya que "la mayoría de concursos optan por sorteo en caso de empate". Este recurso fue compartido por la empresa Block Arquitectura.
A consecuencia de estas impugnaciones, el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) paralizó el proceso y anuló el concurso. No obstante, Residencial Les Naus interpuso un contencioso y el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) falló a su favor, obligando al Ayuntamiento a recuperar el concurso original. Finalmente, Residencial Les Naus fue adjudicataria del suelo, aunque no se aplicó la cláusula de anticipación, ya que su propuesta superó en puntuación a la de Grupo Bonmatí por haber ofertado más plazas de carga eléctrica.
Jesualdo Ros también mantuvo reuniones con el exconcejal de Ciudadanos (Cs) Adrián Santos Pérez, entonces edil de Urbanismo, para preguntar por qué no se presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Santos Pérez respondió que se priorizó la construcción de vivienda protegida. Ros indicó que "seguramente" también contactó con la edil anterior, Mari Carmen de España (PP), para comunicar la intención de presentar recurso.
Para mejorar los controles y evitar controversias similares, Provía propone cuidar "mucho" la adjudicación, no poner "más criterios de los exigibles", externalizar la viabilidad con informes de consultoras independientes, que el criterio de desempate sea "por sorteo", y que se dé información mensual o trimestral al consistorio sobre los contratos de ventas. Asimismo, pidió a la Generalitat Valenciana controles "proporcionados" y "ágiles", subrayando la "duplicidad de controles" entre ayuntamientos y Generalitat y la necesidad de mejorar la "tramitación".
Ros remarcó la importancia de la "trazabilidad" de las adjudicaciones y un "protocolo de actuación" para garantizar la publicidad y transparencia. Sobre la adjudicación de VPO a promotores y directivos, indicó que "no" tiene "nada que objetar" si "cumplen los requisitos", aunque añadió que "a parte de ser honrado hay que demostrarlo" y que "no queda estéticamente bien".
El interventor municipal, Francisco Guardiola, compareció brevemente, limitándose a señalar que solo participó en la fiscalización de la venta del solar y no recordaba si había puesto algún reparo, dada la gran cantidad de expedientes que fiscaliza su departamento (más de 5.000 anuales). Indicó que el beneficio de la venta de un solar patrimonial municipal debe revertir en la compra de más suelo o vivienda pública, y no pudo explicar por qué los más de 6 millones obtenidos no se emplearon para pagar una compensación a Hansa Urbana.
El administrador único de Fraorgi, Francisco Ordiñana, uno de los 15 investigados judicialmente, comunicó su intención de no acudir a la comisión, ya que las comparecencias son voluntarias. También rechazaron asistir dos funcionarias del Patronato de la Vivienda convocadas para explicar la venta de seis parcelas más, incluida la de la calle Ceuta.
La portavoz del PSOE, Ana Barceló, criticó que el equipo de gobierno "podía haber establecido controles" y que el primer edil "siga callado". La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, lamentó que no compareciera el promotor para aclarar si algún adjudicatario había adquirido vivienda previamente en la promoción Viride. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, insistió en la petición de comparecencia de Mari Carmen de España. Manolo Copé (EU-Podem) pidió ir más allá de "declaraciones políticas" y saber "qué controles hubo" y "por qué no saltaron antes todas las alarmas".
La comisión cerrará el listado de comparecientes para la próxima sesión del 6 de julio, con la solicitud de participación del vicealcalde Manuel Villar, el concejal de Vivienda Carlos de Juan, la concejala de Hacienda Nayma Beldjilali, y el concejal de Urbanismo Toño Peral. Para el 20 de julio, se propone la comparecencia del exedil Toni Gallego, Santos Pérez, y la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, también investigada. La edil del PSOE Silvia Castell requirió información sobre solares disponibles e informes de Recursos Humanos respecto al papel de arquitectos como Francisco Nieto y Elsa Lloret, y de la exdirectora general María Pérez-Hickman, que también compraron viviendas en el residencial. Manuel Villar respondió sobre la notificación a técnicos de Patrimonio que el correo municipal ya no estaba operativo.
