La entidad ha presentado su Informe de Intervención 2025, elaborado a partir de la atención directa, que pone de manifiesto una realidad marcada por la precariedad, la desprotección social y las dificultades para acceder a derechos básicos. El coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, ha denunciado “racismo institucional” por los obstáculos que afrontan las personas atendidas, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular.

Según el informe, el 48,46% de las personas migrantes sin nacionalidad española atendidas se encuentra en situación irregular, mientras que un 9,26% está en proceso de regularización. Además, cerca del 40% de las personas atendidas no dispone de tarjeta sanitaria en la Comunitat Valenciana, una situación que agrava su vulnerabilidad.

El perfil mayoritario son mujeres cis (89,78%), con una media de edad de 34 años, procedentes principalmente de Colombia, Venezuela, Rumanía, Brasil y Paraguay. El coordinador Miguel Ángel del Olmo ha señalado que la Comunitat Valenciana presenta un porcentaje de personas españolas ejerciendo la prostitución superior a otros territorios. La coordinadora autonómica, Sara Rocamora, ha destacado que más del 83% mantiene económicamente a familiares, evidenciando la relación entre prostitución, precariedad y falta de alternativas laborales.

El documento también indica que el 17,92% de las personas atendidas presentaba indicadores compatibles con explotación sexual y un 2,35% con posible trata con fines de explotación sexual. La asociación subraya la necesidad de acompañamiento, protección y acceso efectivo a recursos.

In Género reclama reforzar las políticas públicas, reducir las trabas administrativas para la regularización y mejorar la atención integral. Obstáculos como el empadronamiento o la obtención de la tarjeta sanitaria son barreras que condicionan la vida diaria. La entidad, activa en la Comunitat Valenciana desde 2021, realiza tareas de intermediación, acompañamiento jurídico, sanitario, social y laboral, además de incidencia política.

El informe llega en un contexto donde diversas entidades señalan la vulnerabilidad de la Comunitat Valenciana ante la explotación sexual y la trata. Informes como el de Cáritas sitúan el territorio valenciano como zona de alto riesgo. In Género insiste en que la respuesta debe abordar las causas estructurales de la exclusión, como la irregularidad administrativa y la falta de alternativas laborales.