Esta decisión se toma a pesar de que la conselleria que dirige Camarero supervisó la documentación de los propietarios de los pisos en el residencial. La postura de ambas formaciones de derecha parece indicar que no habrá un acuerdo fácil con la oposición respecto al plan de trabajo de la comisión, que investiga las polémicas adjudicaciones destapadas a finales de enero por INFORMACIÓN.
“"Camarero no tiene ningún tipo de responsabilidad directa sobre el caso, ya llevó a la Fiscalía los aspectos presuntamente irregulares de las adjudicaciones y tomó las medidas que le competen."
Gutiérrez, portavoz del PP en la comisión, ha defendido que la consellera no tiene responsabilidad directa, ya que fue un funcionario nombrado por el Botànic quien firmó el documento en cuestión. Este funcionario fue posteriormente expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat tras validar datos supuestamente falsos para adjudicar un piso a su mujer. La esposa del funcionario es arquitecta en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, área que lideraba la exconcejala Rocío Gómez, quien dimitió tras conocerse que había sido una de las beneficiarias.
Por su parte, Vox, a través de su portavoz en la comisión, Miguel Pascual, también ha manifestado que no tiene previsto llamar a la consellera de Vivienda. Esto significa que, si ambos partidos pactan el plan de trabajo, Camarero no tendrá que comparecer. Sin embargo, Pascual no descarta la posibilidad de solicitar la comparecencia del secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y del director general, Juan Antonio Pérez.
“"No pondremos líneas rojas a las comparecencias, pero tampoco será una barra libre."
El plan de trabajo, que debe ser presentado por los grupos antes del 30 de abril, definirá las comparecencias. Desde el PP, Javier Gutiérrez ha indicado que propondrán comparecencias similares a las de la comisión que ya se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Alicante, centrándose en el consistorio, los técnicos de la conselleria presuntamente implicados y los adjudicatarios con relación con el Ayuntamiento, incluyendo al alcalde Luis Barcala. Rechazan, sin embargo, la comparecencia de cargos de alta responsabilidad autonómica, argumentando que no quieren "espectáculo".
Los partidos de izquierda, PSPV y Compromís, tienen una visión más amplia. José Díaz, portavoz del PSPV, prevé solicitar la comparecencia de los 140 adjudicatarios de viviendas, así como de miembros de colegios profesionales y sindicatos, con el fin de analizar el modelo del Plan Vive de Mazón. También quieren información sobre permutas de pisos y sospechas en otras localidades. Díaz ha afirmado que Carlos Mazón, Camarero, Barcala, María Pérez-Hickman, Rocío Gómez y los funcionarios implicados "deben desfilar por la comisión".
“"Mazón y Camarero deben estar desde el principio y deben dar explicaciones."
Por parte de Compromís, María José Calabuig ha señalado que llamarán a las personas implicadas y que han pasado por las concejalías, incluyendo a los agentes de policía que realizaron las inspecciones y a los representantes de la cooperativa de Les Naus. Además, consideran que tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como la consellera Camarero deben comparecer. También pedirán la comparecencia del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien acusan de "mentir descaradamente" sobre el caso, y de expertos en construcción, jurisprudencia y ámbito académico para analizar la normativa y mejorar la función social de la vivienda.
