El colectivo, formado por más de sesenta personas, tiene como principal demanda que el Consell no apruebe la ampliación de la planta, un proyecto que se encuentra actualmente en fase de exposición pública. La presentación de la plataforma tuvo lugar este miércoles en la Casa de Cultura, donde sus representantes exhibieron decenas de bolsas de basura con los nombres de las poblaciones que depositan sus residuos en la instalación.
El vertedero lleva casi dos décadas en funcionamiento y su vida útil está próxima a agotarse. La empresa FCC, gestora del complejo, solicitó hace unos meses a la Conselleria de Medio Ambiente un aumento en superficie del vertedero de rechazos. El nuevo vaso de vertido, que se extendería al norte, este y oeste del actual, ocuparía 5,8 hectáreas y una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados, con capacidad para 1,72 millones de metros cúbicos de residuos.
“"Hasta ahora la afección era relativamente baja, por las mañanas llegaba un poco el olor, pero no podemos consentir una ampliación que traerá más mal olor y partículas en suspensión."
La plataforma considera que la cuestión es de solidaridad, ya que ninguno de los 52 municipios de la Marina Alta y Baixa quiere el vertedero en sus puertas. Los afectados subrayan que Aigües es un pequeño municipio de interior con un entorno natural que quieren preservar, ya que mucha gente busca aquí tranquilidad y aire puro.
El alcalde de Aigües, Emilio Solbes, ha expresado el apoyo total del Ayuntamiento a esta iniciativa ciudadana, asegurando que el objetivo es el mismo y que trabajarán en paralelo. El pleno municipal ya aprobó en marzo una moción contra la ampliación, instando a la Generalitat y al Consorcio Mare a paralizar el expediente y a garantizar la protección de los municipios afectados.
La moción también exige que se respondan todas las demandas técnicas del Ayuntamiento y que se tenga en cuenta a Aigües en cualquier decisión que afecte directamente a sus vecinos. El Consorcio Mare, propietario de la planta, gestiona los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello. La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha sometido la iniciativa a información pública, ya que implica una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y requiere una evaluación de impacto ambiental.
