La comisión del Bono Consumo en la Diputación de Alicante aprueba el calendario de comparecencias

La comisión de investigación sobre la gestión del Bono Consumo en la Diputación de Alicante ha establecido su calendario de sesiones y las primeras comparecencias.

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa en una sala de reuniones.
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Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa en una sala de reuniones.

La Diputación de Alicante ha celebrado la sesión constitutiva de la Comisión de Investigación sobre la gestión del Bono Consumo, donde se ha aprobado el calendario de sesiones y la propuesta de comparecencias para las próximas semanas.

La primera intervención está prevista para el próximo lunes, con la comparecencia voluntaria del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, a petición propia.
Durante la sesión, los grupos políticos han votado las diversas propuestas de comparecientes y finalmente, la planteada por el Grupo Popular ha salido adelante con el apoyo de Compromís y Vox. La presidenta de la comisión y portavoz del PP, ha defendido que los primeros en comparecer deben ser los alcaldes de los ayuntamientos que contrataron con Facpyme la gestión del bono comercio.

"El objetivo de esta comisión es evitar que el buen nombre de esta institución no quede manchado."

la presidenta de la comisión y portavoz del PP
Se ha señalado que cerca de una veintena de consistorios optaron por este servicio. Por ello, los populares han solicitado, con el respaldo de los grupos de la oposición salvo el Grupo Socialista, que comparezca en primer lugar el alcalde de Elda.
La vicepresidenta primera de la Diputación también ha cuestionado la petición del Grupo Socialista para la comparecencia del alcalde de Alicante, al considerar que el Ayuntamiento de Alicante no gestionó en ningún momento el bono comercio con Facpyme. Además, ha acusado al Grupo Socialista de querer "hacer ruido" en un contexto preelectoral.
La diputada popular ha vuelto a defender la actuación de la Diputación en este programa, indicando que la institución se limitó a poner en marcha una iniciativa que contribuyó a dinamizar la economía en un momento complicado. Las ayudas se concedieron a los ayuntamientos conforme a unas bases aprobadas por todos los grupos políticos, y fueron los propios consistorios los que decidieron de forma autónoma cómo gestionar el programa, con la correspondiente fiscalización.