La segunda sesión de la comisión municipal sobre las viviendas protegidas de Les Naus se celebra sin la presencia de los técnicos citados, lo que vacía de contenido técnico el órgano del Ayuntamiento de Alicante. Todos los técnicos han comunicado por escrito que no acudirán, dejando sin las explicaciones presenciales previstas sobre la tramitación de la promoción investigada en la Playa de San Juan.
Esta situación repite el patrón de la primera sesión, celebrada el pasado 14 de abril, donde solo compareció uno de los cinco funcionarios convocados. La comisión puede celebrarse, pero no contará con los funcionarios citados para responder sobre distintos aspectos del expediente, desde la concesión de la licencia hasta la gestión tributaria o los datos vinculados al padrón. La ausencia de todos los perfiles técnicos reduce así el margen del órgano municipal para avanzar en el esclarecimiento político y administrativo del caso.
Entre los cinco funcionarios que han comunicado su ausencia se encuentran el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, una técnica del área de Urbanismo, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalía, una técnica adscrita al departamento de Estadística y la arquitecta municipal adjudicataria de una vivienda en Les Naus. La arquitecta municipal ha sido llamada a declarar como investigada el 5 de junio en el juzgado.
“"Si ningún técnico quiere venir a explicar las dudas que tenemos es por dos cosas: o porque no sabe cómo explicarlas o porque no quiere explicarlas. Con lo cual las dudas aumentan."
La comisión se constituyó para analizar las posibles responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a las viviendas protegidas de Les Naus, una promoción construida sobre suelo municipal en la Playa de San Juan. La controversia estalló al conocerse que entre los adjudicatarios figuraban cargos públicos, técnicos, familiares y personas vinculadas al entorno administrativo o político.
La vía judicial avanza en paralelo, con la jueza citando como investigadas a quince personas y a siete testigos en la causa que analiza las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas. Entre las personas citadas como investigadas figuran una exconcejala de Urbanismo, una exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, funcionarios de la administración local y autonómica, una decena de adjudicatarios y el administrador de la gestora de la cooperativa promotora.
