Esta instalación, promovida por la empresa Planta Solar Núñez de Balboa S.L., prevé una potencia de 4,9 megavatios y una inversión de 2,6 millones de euros. El proyecto, que ya fue sometido a información pública en julio de 2023, reinicia ahora este trámite administrativo debido a los cambios en la infraestructura de evacuación, derivados de informes sectoriales y consultas a organismos afectados.

Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la planta contará con una potencia máxima de 5,89 MWp en módulos fotovoltaicos y una capacidad de acceso concedida de 4,5 MW. Se ubicará sobre parcelas del polígono 47 de Novelda y ocupará una superficie vallada de 7,49 hectáreas.

La actuación incluye la construcción de una planta solar con 8.802 módulos fotovoltaicos de 670 vatios cada uno, distribuidos sobre estructura fija metálica. Además, se construirá una línea subterránea de evacuación a 20 kV, un centro de seccionamiento y una conexión aérea-subterránea con la línea eléctrica existente “L-31 La Mola de la ST Petrel”.

El proyecto afecta además a varias vías pecuarias del municipio, entre ellas el Cordel de la Perdiguera, la Cañada Real del Camino de las Fuentes de Aspe y la Vereda de la Mola, para las que se solicita ocupación temporal. La documentación incorpora el estudio de impacto ambiental, un estudio de integración paisajística, el plan de desmantelamiento y restitución del terreno, y un pliego de prevención de riesgos forestales.

Desde junio de 2023, el proyecto dispone de informe favorable de determinación de afecciones ambientales emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Este informe considera que la planta no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente que requieran una evaluación ambiental ordinaria.

Al tratarse de una planta de menos de 10 MW y contar con informe ambiental favorable, la tramitación tendrá carácter prioritario y de urgencia. Esto implica la reducción a la mitad de los plazos administrativos ordinarios, según la normativa autonómica aprobada tras la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Las personas o entidades afectadas podrán presentar alegaciones durante un plazo de quince días hábiles desde la publicación del anuncio.