Tras el rechazo del recurso de alzada por parte de la Conselleria, el Consistorio de Casinos ha presentado un requerimiento previo contra una nueva resolución autonómica. Esta resolución aprueba el proyecto de la infraestructura necesaria para inyectar el gas renovable en la red, cerca del término municipal de Casinos. Esta acción refuerza la ofensiva legal iniciada meses atrás y podría desembocar también en los tribunales.

El requerimiento, firmado con fecha del 13 de abril, impugna la resolución de la Dirección General de Energía y Minas que autoriza a la empresa Nedgia Cegas S.A. a adaptar infraestructuras e instalar los sistemas necesarios para inyectar gas renovable en la red de la zona donde se proyecta la planta. El Ayuntamiento sostiene que esta autorización es "contraria a derecho" y que no puede entenderse como un proyecto independiente de la planta de biometano promovida por Bioenergía Gas Renovable.

El núcleo del requerimiento se basa en la idea de una "unidad funcional" entre la planta y la infraestructura gasista, lo que obligaría a evaluarlas de manera conjunta. Según el escrito, la propia Administración autonómica reconoce que la instalación de inyección tiene como única finalidad tratar el gas generado por una planta concreta. A juicio del Consistorio, esto implica que la infraestructura no tiene autonomía funcional propia y que la tramitación separada supone un fraccionamiento indebido del proyecto, vulnerando la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la normativa europea.

Otro de los argumentos centrales es la supuesta insuficiencia de la evaluación ambiental realizada. El Consistorio critica que el informe que avala la infraestructura de gas concluye que no hay efectos significativos, pero lo hace analizando solo una parte del sistema. Desde Casinos advierten de que los impactos deben evaluarse de forma conjunta, especialmente en cuestiones sensibles como la contaminación de acuíferos, las emisiones y olores o la afección a poblaciones cercanas, ya que el casco urbano está a poco más de dos kilómetros.

El requerimiento va más allá y solicita directamente la nulidad de la resolución, al entender que se ha prescindido de una evaluación ambiental completa del proyecto. El consistorio invoca el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo para defender que no se trata de un defecto formal, sino de una infracción sustancial que invalida la autorización. Además, critica que el expediente interprete el silencio de otras administraciones como conformidad, algo que considera jurídicamente inaceptable.

El Ayuntamiento de Casinos pide la revocación de la autorización o, al menos, que se retrotraiga el procedimiento para someter el proyecto a una evaluación conjunta. En caso contrario, ya advierte de que acudirá a la vía contencioso-administrativa. Este nuevo movimiento se suma al recurso de alzada ya rechazado y a la futura demanda ante el Tribunal Superior de Justicia que el consistorio está preparando.