La decisión de excluir a las personas apátridas del nuevo proceso de regularización de migrantes ha generado un profundo malestar entre la comunidad saharaui residente en la Comunitat Valenciana. Esta medida afecta aproximadamente a 400 personas en el territorio valenciano y a cerca de 2.100 en todo el Estado español, reabriendo el debate sobre el conflicto del Sáhara Occidental.
“"Cuando oímos la noticia de la regularización nos pusimos muy contentos porque mis hermanos saharauis podrían regularizar su situación por fin. Para nosotros es una traición más."
Inicialmente, la noticia de la regularización fue recibida con esperanza por la comunidad, pero esta expectativa se truncó al conocerse los detalles de la normativa. Según fuentes cercanas, la mayoría de las personas que solicitan la apatridia son saharauis, y esta exclusión es percibida como un gesto político para contentar a Marruecos.
Una abogada especializada en migración ha advertido que la normativa genera un trato desigual, ya que todas las personas solicitantes de protección internacional quedan incluidas en el decreto de regularización, excepto las personas saharauis. Desde un punto de vista jurídico, categorizar o favorecer a unas personas migrantes frente a otras no tiene ningún sentido ni se sostiene.
Esta situación reabre el debate sobre la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental, antigua colonia hasta 1975, año en que Marruecos ocupó el territorio. Desde entonces, el conflicto continúa abierto entre el reino alauita y el Frente Polisario, que reclama la independencia. Para la comunidad saharaui, esta exclusión supone un nuevo revés después de décadas de incertidumbre.
