La Plataforma de Afectados por las Presuntas Acciones Ilícitas ha respondido con firmeza a las manifestaciones públicas del alcalde, acusándolo de manipular la opinión pública y de blindarse políticamente frente a decisiones administrativas y judiciales de enorme gravedad para el municipio. Según la plataforma, el alcalde, que cobra más de 51.500 euros brutos anuales, se presenta como víctima mientras minimiza el impacto de sentencias que condicionan el futuro económico del pueblo durante décadas.
La plataforma critica el uso partidista de los recursos institucionales, ya que las declaraciones del alcalde se han difundido mediante documentos oficiales y canales del Ayuntamiento. Consideran que esta actuación degrada el principio de neutralidad de la Administración Pública y convierte el Ayuntamiento en una herramienta de propaganda al servicio del alcalde y su coalición de gobierno.
“"No es aceptable que quien ostenta la máxima representación municipal emplee recursos públicos para desacreditar a ciudadanos organizados, emitir juicios de valor sin respaldo judicial y tapar, con titulares triunfalistas y medias verdades, responsabilidades administrativas y efectos económicos ya acreditados o sentenciados."
La plataforma también ha desmentido las afirmaciones del alcalde sobre varios casos. En el caso EGEVASA – AQLARA, el alcalde minimiza el impacto económico a costas judiciales, omitiendo una sentencia que cuestiona de raíz el modelo de gestión del agua potable y obliga a revisar el contrato con Egevasa de 2004, con repercusiones potenciales de millones para el Ayuntamiento. El Tribunal Supremo ha cerrado la vía de recurso, dejando al municipio en una posición de vulnerabilidad jurídica.
Respecto al caso VITAS DE AMARRE, el alcalde presenta como "gran éxito" la reducción de una reclamación económica, cuando la plataforma señala que reducir una indemnización no borra la responsabilidad sobre los hechos que la originaron. Finalmente, en el caso MAS CAMARENA, el alcalde intenta presentar el pago de 2,2 millones de euros como un desenlace positivo, omitiendo que deriva de una adjudicación irregular de suelo público para un centro privado, declarada así por los tribunales.
La plataforma exige al alcalde una rectificación pública de las expresiones despectivas y acusaciones infundadas, el cese inmediato del uso de canales oficiales para ataques personales, el reconocimiento explícito de los hechos acreditados documentalmente y un compromiso verificable con la transparencia administrativa, incluyendo la publicación accesible de contratos, sentencias y acuerdos de pago.
