La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha decidido archivar la denuncia interpuesta por Vox a raíz de las presuntas irregularidades en la contratación del polémico semáforo foto-rojo instalado en una vía de la playa de Canet d'en Berenguer. Este dispositivo generó numerosas multas de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir, provocando una fuerte movilización vecinal.
A pesar del archivo, el informe de la AVAF señala que no existen "elementos de juicio suficientes que aconsejen el inicio de una actuación investigadora". Sin embargo, la agencia deja claro que se han producido "malas prácticas" en todo el procedimiento, desde la adjudicación hasta la ejecución y liquidación del contrato. Se describe la gestión como "manifiestamente ineficiente" y se pone en duda la "insuficiente diligencia en la gestión administrativa y recaudatoria, con el riesgo de la pérdida de ingresos públicos".
En cuanto a la contratación, la AVAF indica que, aunque está dentro de los "parámetros legales", se han detectado "incidencias en la preparación y adjudicación". Recomienda que, incluso en contratos menores, se incorporen al menos tres presupuestos de distintos proveedores, algo que no se ha contemplado en este caso. Las principales "irregularidades" se encuentran en la ejecución y liquidación del contrato.
Los datos aportados por el consistorio revelan 2.730 denuncias recibidas, con un importe total de sanciones de 548.000 euros. La empresa adjudicataria debería facturar 109.008 euros, una cifra que supera ampliamente el límite máximo establecido en el contrato de 15.000 euros (sin IVA). La agencia considera que esta situación podría evidenciar una "utilización fraudulenta del contrato menor" y un riesgo directo para los intereses económicos municipales, ya que si no se incoan todos los expedientes, se podría producir un perjuicio a las arcas públicas. La recaudación actual de la administración local es de 43.400 euros.
La documentación investigada por la AVAF también muestra discrepancias en los expedientes incoados (1.401, por un importe de 280.200 euros) y las sanciones finalmente recaudadas (413, por 43.400 euros). La empresa ya ha cobrado 8.744 euros y tiene pendiente de cobro otra factura de 8.624 euros, sumando un total de 17.368 euros. El informe sugiere que la empresa podría haber cobrado de más, insistiendo en una "tramitación deficiente y un evidente riesgo en la gestión económica pública", así como una "inadecuada delimitación del riesgo asumido".
Adicionalmente, se señala una "interrupción en la prestación del servicio" desde el 22 de abril de 2025, coincidiendo con las protestas vecinales. También se detecta un "incumplimiento en la facturación mensual prevista", con solo dos facturas emitidas cuando se esperaban más. El consistorio reconoce incidencias informáticas de la empresa gestora, pero la agencia le recrimina la falta de información sobre las causas, los expedientes en trámite y las medidas correctoras para evitar la pérdida de sanciones.
