El colectivo ha manifestado su preocupación por la situación actual, ya que, según afirman, los compromisos y proyectos que justificaron la prórroga de cinco años a la empresa Ribera Salud no se han materializado. Estos incluían una inversión de 63,5 millones de euros para la ampliación del hospital, la creación de un segundo centro de salud en Crevillent, el incremento de 75 a 100 camas y más personal médico en Atención Primaria.

La plataforma ha puesto el foco en la supervisión de la concesión, considerando “inexplicable” la respuesta de la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, sobre la compra de catéteres. Esta respuesta, que indica que la compra de material fungible no está sujeta a los controles habituales, evidencia, según el colectivo, una falta de mecanismos de fiscalización sobre la empresa concesionaria.

Además, la entidad ha denunciado el “nefasto funcionamiento” del departamento de salud, reflejado en las quejas ciudadanas por la falta de personal, deficiencias en la coordinación y la dificultad para localizar a médicos de guardia. Estas situaciones, que incluyen “situaciones de horror” en la atención sanitaria, han llevado a la plataforma a actuar como red de apoyo para los afectados, ofreciendo recursos legales.

Finalmente, la plataforma ha reiterado su exigencia de anular la prórroga y revertir el servicio a la gestión pública directa, subrayando que la empresa no ha cumplido plenamente con sus obligaciones en materia de liquidaciones con la Conselleria y que aún se desconoce el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.