La reorganización de los servicios sociales en Elche, anunciada por el bipartito de PP y Vox, prevé pasar de cuatro a siete zonas de atención en la ciudad. Esta iniciativa se materializa en el barrio de Poeta Miguel Hernández, donde se tramita el desplazamiento de las instalaciones a un local más grande que centralizará los tres servicios municipales.

El objetivo principal es garantizar la incorporación de nuevos servicios, como la intervención familiar y talleres, que actualmente no tenían cabida por limitaciones de espacio. Además, se agruparán los tres servicios en un mismo espacio arrendado, lo que permitirá al Ayuntamiento dejar de pagar tres alquileres separados, simplificando la relación de los usuarios con los servicios públicos.

La administración local ha sacado a licitación el arrendamiento por diez años de este nuevo local, con un importe de 720.000 euros (sin impuestos). El plazo para la presentación de ofertas por parte de los propietarios está abierto hasta el 7 de mayo. El valor estimado del contrato podría alcanzar los 1,4 millones de euros si se contempla una prórroga por una década más, con la intención de que este futuro enclave se consolide.

Esta operación representa un rediseño de la atención municipal en uno de los barrios con mayor carga de intervención social de la ciudad, con el fin de crear un punto único de referencia para los vecinos y aumentar la cobertura. La justificación se basa en la realidad de que el actual Centro Social Poeta Miguel Hernández, ubicado en la calle Torres Quevedo, ya no puede dar respuesta a las necesidades vecinales.

Los informes técnicos establecen que el nuevo inmueble deberá estar situado en un área muy concreta, delimitada por las calles Poeta Miguel Hernández, Antonio Pascual Quiles, La Torre y Conrado del Campo-Andreu Castillejos, para no romper la referencia territorial existente. La ubicación debe mantenerse próxima al centro actual para no alejar los servicios de su radio natural de influencia.

La licitación fija un precio máximo de 6,73 euros mensuales por metro cuadrado útil, sin IVA, con un límite de 6.000 euros al mes. Este cálculo se basa en la renta media de la zona, que se sitúa en 6,12 euros por metro cuadrado construido. Para este ejercicio, existe una consignación presupuestaria de 42.000 euros en la partida de alquiler de centros sociales, calculada para una adjudicación durante los últimos siete meses del año, con una previsión anual de 72.000 euros.

El pliego de condiciones remarca que el inmueble deberá tener entre 700 y 1.000 metros cuadrados útiles, y si tiene varias plantas, deberá contar con ascensor adaptado para personas con movilidad reducida. Se prevé incorporar, como mínimo, una docena de despachos o salas para unos 30 empleados municipales, además de dos aseos (uno adaptado), una zona de hall o conserjería, una sala de espera amplia, una sala de reuniones para veinte personas y una gran sala de actividades para talleres y acciones comunitarias. La fachada deberá permitir entradas independientes para cada servicio, manteniendo su identidad y operatividad propia.