La resolución avala la actuación municipal y descarta que las modificaciones presupuestarias realizadas hayan vulnerado la normativa vigente. La denuncia cuestionaba si determinadas modificaciones, financiadas con remanentes, podían comprometer la estabilidad presupuestaria y el Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado por el consistorio.
Tras analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento, incluyendo informes de Intervención, evaluaciones de estabilidad y seguimiento del PEF, la Agencia Antifraude ha concluido que se cumplen los objetivos exigidos por la normativa, decidiendo así cerrar el expediente.
El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha valorado la resolución como una confirmación de la legalidad de la gestión económica municipal y ha rechazado cualquier sospecha sobre el uso de fondos públicos. Ha defendido que los mecanismos de control previstos por la legislación han sido respetados.
Soler ha asegurado que el Ayuntamiento "no tiene ningún problema económico" y que los recursos procedentes de los ahorros municipales se están destinando a inversiones que mejoran la ciudad y los servicios públicos, sin poner en duda la solvencia económica del consistorio.
El archivo de esta denuncia supone el cierre de una investigación sobre la utilización del remanente presupuestario y respalda la posición del gobierno municipal respecto a la legalidad de estas operaciones financieras.
