La organización ecologista Margalló–Ecologistes en Acció (EeA) ha puesto el foco en la gestión municipal de residuos en Elche, denunciando años de opacidad administrativa, incumplimientos legales y una clara falta de planificación en un servicio que supera los 28 millones de euros anuales. A través de varias solicitudes formales registradas en julio de 2025 y la última en marzo de 2026, la entidad reclama acceso a información clave que, según subraya, debería ser pública y accesible conforme a la legislación vigente.
Las advertencias de Margalló encuentran respaldo en documentos remitidos por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat. Estos documentos, trasladados por el colectivo, refuerzan parte de estas denuncias y evidencian que el incumplimiento podría acarrear consecuencias económicas y sancionadoras para el consistorio.
“"No se tiene constancia de la implantación efectiva de la recogida selectiva de la fracción orgánica en su municipio."
En uno de los escritos oficiales, se recuerda al Ayuntamiento de Elche la obligación de implantar la recogida separada de biorresiduos, un requisito legal que debía cumplirse antes del 30 de junio de 2022. La falta de esta recogida no solo supone un incumplimiento legal, sino que limita la capacidad de reciclaje y aumenta el volumen de residuos destinados a vertedero. El informe advierte de que este incumplimiento podría ser considerado una infracción grave, con sanciones económicas que podrían oscilar entre los 20.000 y los 100.000 euros.
Además, la Generalitat recuerda que las entidades locales debían aprobar antes de abril de 2025 una tasa que reflejara el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, conforme a la Ley 7/2022. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la pérdida de subvenciones públicas en materia de residuos, afectando la capacidad del municipio para financiar mejoras en el sistema de gestión.
Entre las principales exigencias de Margalló destaca el acceso al Plan Local de Gestión de Residuos, obligatorio para municipios de más de 50.000 habitantes. Este documento, esencial para planificar la recogida, tratamiento y reducción de residuos, no ha sido facilitado a pesar de las reiteradas solicitudes. También reclaman la actualización de la Ordenanza Municipal de Limpieza, vigente desde 2003 y modificada en 2007, que consideran completamente desfasada.
“"El silencio del Ayuntamiento no solo vulnera el derecho de acceso a la información pública, sino que impide la participación ciudadana en un asunto que afecta directamente a la salud y al medio ambiente."
El colectivo también cuestiona el destino de los fondos públicos, exigiendo saber cuánto dinero se ha destinado entre 2020 y 2025 al soterramiento de residuos en el Consorcio de la planta en la sierra de Els Cremats, en lugar de apostar por su reciclaje o valorización. Asimismo, cuestiona el grado de cumplimiento del contrato firmado en diciembre de 2020 con las empresas concesionarias, Urbaser y FCC Medio Ambiente, especialmente en las inversiones en sensibilización y educación ambiental.
Otro punto crítico señalado por Margalló es la aplicación de la tasa de residuos, que denominan “tasazo”, diseñada para incentivar la separación en origen. Denuncian que su implementación en Elche ha generado confusión y presenta problemas de equidad, afectando más a los hogares vulnerables y pequeños empresarios.
