Este fenómeno, que ha generado quejas vecinales por ruido e inundaciones, implica alrededor de cien hectáreas de suelo no urbanizable ocupadas por un centenar de estas instalaciones. La mayoría de ellas funcionan sin licencia ni las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) requeridas para actividades económicas en suelo no urbanizable.
La modificación del PGOU busca ordenar la situación, regularizando aquellas campas que cumplan los requisitos e impidiendo la instalación de nuevas hasta que el trámite finalice. El regidor ha señalado que esta medida es necesaria para un aeropuerto que ha llegado a los dos millones de pasajeros, y que pretende preservar el paisaje, proteger a los vecinos y ofrecer seguridad jurídica a las empresas.
“"Son décadas de inacción, y necesarias para un aeropuerto que ha llegado a los 2 millones de pasajeros. Hasta ahora no ha habido ordenamiento ni seguridad jurídica. Debemos ofrecer garantías a los empresarios, creemos en la libertad económica y las oportunidades de negocio, pero con orden."
Desde finales de 2024 y principios de 2025, se han iniciado inspecciones por parte de Urbanismo y Aperturas para documentar las condiciones de estas campas y elevar los informes a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), con sede en Elche. Se espera que algunas de estas instalaciones sean cerradas, ya que la AVPT tiene competencias para precintarlas o iniciar expedientes sancionadores al tratarse de suelo no urbanizable.
Entre las medidas correctoras que se plantearán para la regularización, se incluyen pantallas vegetales, separaciones mínimas exigidas y un tamaño mínimo de unos 10.000 metros cuadrados. El borrador de la modificación se está ultimando y se espera que pronto salga a consulta pública, con el objetivo de que pueda estar aprobada definitivamente en un año desde el inicio del trámite.
