La sentencia del TSJCV, que anula la ordenanza de la tasa de basura del Ayuntamiento de Elche para 2025, no tiene efectos retroactivos sobre las liquidaciones ya abonadas. Sin embargo, un bufete de abogados implicado en el caso ha señalado que esta resolución podría permitir la impugnación de los recibos correspondientes al primer trimestre del año 2026.
Según el departamento jurídico de CEIF-Consultoría Empresarial, los informes técnicos y económicos que sustentan la tasa de basura de 2026 son los mismos que han sido declarados nulos por el TSJCV. Esto implica que las liquidaciones de este año podrían considerarse viciadas desde su origen, ofreciendo una vía legal para los contribuyentes.
El impacto jurídico se traslada de forma inmediata al presente ejercicio, ya que la Tasa de Basuras de 2026 se ha configurado sobre los mismos informes técnicos y económicos declarados nulos por el TSJCV, por lo que las liquidaciones del primer trimestre de este año nacen viciadas.
El tribunal ha destacado que los parámetros utilizados para el cálculo de la cuota presentan resultados poco fiables, con una falta de justificación en los criterios de zonificación y capacidad económica. La sentencia subraya la disparidad en el pago de la tasa entre diferentes barrios, como Carrús, el Pla o El Toscar, donde los residentes pagan más que en zonas de categorías inferiores, además de aplicar incrementos injustificados del 44,51% en calles de primera y segunda categoría.
El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha reconocido esta desigualdad y ha anunciado que el Ayuntamiento prevé presentar una nueva zonificación en aproximadamente un mes y medio, tras más de un año de trabajo. Esta modificación de la ordenanza busca corregir las deficiencias señaladas, aunque el consistorio planea recurrir la sentencia en casación.
El bufete de abogados ha recordado que el pasado mes de marzo, Suma publicó el edicto con los recibos del primer trimestre de 2026, abriendo así el plazo para la interposición de recursos. Los ciudadanos pueden solicitar la anulación inmediata de estas liquidaciones, basándose en la nulidad de los informes técnico-económicos que las sustentan.
