La institución considera esencial que la regulación tenga en cuenta las singularidades de Orihuela, tanto por la situación del casco histórico como por la dispersión territorial entre el núcleo urbano, las pedanías y la costa. El presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, ha defendido que este análisis es obligado por la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Según ha explicado Martínez, Orihuela cuenta con «un casco histórico con un comercio tradicional que requiere de medidas urgentes para frenar su declive», además de un territorio amplio, con grandes distancias y sin un transporte público suficiente. A juicio de la Cámara, esta situación genera una elevada dependencia del vehículo privado.

La Cámara también advierte de que la futura Zona de Bajas Emisiones debe valorar de forma específica su efecto sobre la actividad logística y de reparto, que considera esencial para el funcionamiento del comercio local.

Dentro de sus propuestas, la Cámara plantea que el proyecto incluya periodos transitorios y regímenes de excepción para actividades que dependen del uso de vehículos a motor. Entre ellas cita el reparto de mercancías, el comercio minorista, las actividades asistenciales y los vehículos de mantenimiento.

La institución propone reforzar alternativas de movilidad antes de aplicar restricciones. En concreto, plantea mejorar la conexión entre el casco urbano, las pedanías y la costa mediante transporte público, construir aparcamientos disuasorios, ampliar la red de recarga eléctrica y habilitar incentivos para la renovación de flotas.

La Cámara de Comercio ha pedido estudiar con detalle el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, especialmente si afecta al casco histórico, señalado como área principal en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Martínez ha advertido de que «la instalación de restricciones puede agravar la pérdida de actividad económica, dificultar el acceso de clientes y proveedores y afectar de forma negativa a la competitividad del centro urbano si no es dotado convenientemente con infraestructuras y medidas regulatorias».

La entidad reclama además que las normas de la futura ZBE estén armonizadas desde el inicio con la regulación estatal y autonómica. Según defiende, establecer criterios distintos entre municipios puede generar inseguridad jurídica y costes añadidos para empresas y ciudadanía.