La resolución pone fin a un procedimiento iniciado hace casi dos décadas, aunque impone una larga lista de condicionantes antes de la ejecución del proyecto. El ámbito, de 159.074 metros cuadrados, incluye suelo residencial, equipamientos educativos, zonas verdes, aparcamientos y un nuevo acceso principal. La ordenación incrementa la edificabilidad en altura, permitiendo edificios de hasta diez plantas, y destina el 30% del total residencial a vivienda protegida.
La conservación del Helianthemum caput-felis (jarilla cabeza de gato), una planta catalogada como vulnerable y con la segunda población más importante en la Comunitat Valenciana (más de 2.100 ejemplares), ha sido uno de los principales escollos. El planeamiento tuvo que modificarse a finales de 2025 para aumentar las zonas verdes y garantizar su conservación in situ, las cuales deberán permanecer protegidas durante las obras y el desarrollo del sector.
La declaración ambiental no implica la aprobación definitiva. El proyecto aún depende de la Modificación Puntual número 68 del Plan General de Orihuela, pendiente de aprobación. Además, la Dirección General de Carreteras mantiene un informe desfavorable sobre los accesos a la N-332, advirtiendo de problemas de seguridad vial e incremento del tráfico, exigiendo una nueva solución y medidas correctoras.
La disponibilidad de agua para el futuro desarrollo está garantizada por la Confederación Hidrográfica del Segura, aunque con requisitos técnicos. La EPSAR considera viable el tratamiento de aguas residuales con trece condicionantes. La resolución también recoge informes favorables en patrimonio cultural, turismo, vías pecuarias y agricultura, con recomendaciones sobre movilidad sostenible y adaptación al cambio climático.
