El documento, que no constaba en las versiones del Plan General de Ordenación Urbana, ha sido aportado por la propiedad de la parcela. El actual equipo de gobierno ha manifestado su desconocimiento sobre la existencia de este compromiso hasta el momento actual.
Según fuentes municipales, el convenio pretendía transformar en urbano un suelo que, según los informes técnicos, era legalmente inviable por motivos ambientales y de recursos hídricos. El actual gobierno local incluyó la parcela como suelo dotacional en la revisión del planeamiento realizada en 2023.
“"Se trata de otro caso de gestión irresponsable de anteriores mandatos."
El consistorio señala que el convenio ya se incumplía desde 2017, cuando la finca fue excluida del planeamiento urbanístico por parte de administraciones superiores. Este hallazgo se produce poco después de un fallo judicial favorable al municipio frente a una reclamación millonaria de una mercantil.
