Los trabajos de derribo, que se espera que culminen a finales de semana, se han iniciado tras los días de mayor afluencia de la Semana Santa. Estos locales, situados dentro del complejo residencial, han sido objeto de peticiones de eliminación por parte de los propietarios de las viviendas durante años.
La problemática se remonta a finales de los años 80, cuando se construyó la urbanización Peñíscola Playa y se le añadió una zona de locales. La comunidad de propietarios de los apartamentos presentó una demanda judicial en 1994 por edificación irregular y exceso de volumetría de los establecimientos comerciales y de hostelería.
El consistorio ha tenido que esperar a actuar hasta conocer la resolución del recurso presentado por parte de los propietarios de los locales comerciales.
Tras agotar diversas vías judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenó el derribo en 2014. Los comercios dejaron de operar en 2016 ante el aviso inminente de demolición. Ante la inacción de los propietarios, el pleno del Ayuntamiento de Peñíscola aprobó en julio de 2016 una modificación de crédito para asumir subsidiariamente el coste del proceso.
Dos años más tarde, el TSJCV desestimó la petición de indemnización de los titulares de los locales y acordó que la administración procediera a la demolición, sin perjuicio de poder ejercer acciones contra los promotores de la edificación ilegal. Sin embargo, la demolición quedó nuevamente suspendida cuando los propietarios presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, que fue estimado en enero de 2021.
