La iniciativa provincial reclama la reanudación y finalización del tramo de la N-232 comprendido entre la Masía de la Torreta y Morella Sur. Se exige que se ejecute íntegramente el proyecto ya adjudicado en el menor plazo posible. La institución considera que esta vía es estratégica para la conexión entre el norte de España y la costa mediterránea, además de una infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo económico del interior castellonense.
“"Esta carretera resulta fundamental para la provincia. La paralización de unas obras que, según ha recordado, comenzaron el año pasado pero se han suspendido en 2026 sin una explicación pública sobre los motivos, genera incertidumbre, compromete la seguridad de los usuarios y frena el desarrollo económico de la zona, con impacto en sectores como el turismo y el transporte, especialmente relevantes para Morella, su comarca y el conjunto de la provincia."
La moción no se limita a la N-232. El texto también reclama avances en otras infraestructuras viarias consideradas prioritarias para Castellón, como la mejora de la A-7 en el interior y el impulso a la conexión entre Vilanova d'Alcolea y La Jana. Este trazado, de unos 48 kilómetros, tiene una inversión estimada que asciende a 349,7 millones de euros.
Además, la Diputación reclamará la ejecución de las obras de mejora entre la N-340 València-Castelló en el enlace con la N-225, así como la ejecución inmediata del paso inferior de la N-232 a su paso por Sant Jordi, una reivindicación histórica del municipio. A estas demandas se suma la petición de ejecutar los accesos pendientes de la AP-7 en la provincia, especialmente en Benicàssim, Vila-real y Vinaròs, con el objetivo de mejorar la conectividad y responder a las necesidades del territorio.
Desde el gobierno provincial insisten en que la mejora de las comunicaciones resulta esencial para favorecer el desarrollo económico, generar empleo y contribuir a fijar población en el territorio, especialmente en las comarcas del interior. Con esta moción, la Diputación busca elevar la presión institucional sobre el Ejecutivo central para que concrete plazos y active inversiones en una red viaria que considera decisiva para la cohesión y la competitividad de la provincia.
