Los recurrentes basan su reclamación en la ordenanza municipal del taxi, que entró en vigor en 2006. Esta normativa establece, en su artículo 6, que las licencias deben otorgarse a conductores asalariados de titulares de licencias de taxi que presten servicio en Gandia, con dedicación exclusiva y por un criterio riguroso de antigüedad, acreditado mediante el permiso municipal de conductor y la cotización a la Seguridad Social.

Según los taxistas, el ayuntamiento habría contravenido su propia ordenanza al convocar una subasta pública para el otorgamiento de estas licencias. Ambos participaron en el proceso, pero fueron excluidos tras la aplicación del sistema de baremación.

El gobierno local de Gandia está preparando la respuesta al recurso, para la cual todavía dispone de plazo. No obstante, ya han adelantado que su intención es desestimar las peticiones, ya que el proceso se realizó basándose en la Ley Valenciana del Taxi, aprobada en 2017.

Esta ley, de rango superior a la ordenanza municipal y más reciente, establece que las nuevas adjudicaciones deben realizarse mediante un proceso de concurrencia pública y transparente, y por tanto no deben otorgarse de forma discrecional, o solamente para taxistas de la ciudad. El conflicto pone en evidencia la necesidad de reformar o clarificar los términos de la ordenanza municipal.

La adjudicación impulsada por el ayuntamiento ha consistido en siete licencias nuevas, una de ellas con vehículo adaptado para personas con movilidad reducida. El precio de salida de cada licencia era de 30.000 euros, y algunos de los adjudicatarios presentaron mejoras económicas significativas, llegando una oferta a los 80.000 euros.