La Diputación de Castellón destina 29.000 euros a la asistencia técnica y legal para la defensa del territorio

La institución provincial lanza una línea de ayudas para que los municipios puedan afrontar gastos relacionados con megaplanta energéticas y afecciones en la costa.

Imagen genérica de documentos legales y elementos relacionados con proyectos energéticos y la costa.
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Imagen genérica de documentos legales y elementos relacionados con proyectos energéticos y la costa.

La Diputación de Castellón ha aprobado una nueva línea de ayudas, dotada con 29.000 euros, para sufragar gastos de asesoramiento técnico y legal a los municipios de la provincia, especialmente ante proyectos energéticos y afecciones en la costa.

La institución provincial busca ofrecer apoyo a los ayuntamientos para que puedan “defender los intereses de sus municipios con todas las garantías técnicas”, según ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. Las subvenciones están dirigidas a entidades locales afectadas por proyectos o actuaciones con impacto territorial que requieran asesoramiento especializado.
Entre los casos previstos se incluyen proyectos de megaplanta solares y eólicas, incluyendo sus líneas de evacuación, así como procesos de deslindes y demoliciones vinculados al dominio público marítimo-terrestre. El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha destacado que estas ayudas permitirán afrontar gastos derivados de informes técnicos o defensa jurídica.
Andrés ha subrayado que “los vecinos y alcaldes afectados merecen contar con el apoyo y las herramientas necesarias para proteger el presente y el futuro de la provincia”. La convocatoria establece diferentes importes según el tipo de entidad local: los ayuntamientos podrán optar a ayudas de hasta 25.000 euros; las mancomunidades, hasta 3.000 euros; y las entidades locales menores, hasta 1.000 euros.
La Diputación considera que esta línea de ayudas refuerza la colaboración con los municipios ante proyectos con impacto territorial y medioambiental, facilitando que las administraciones locales dispongan de recursos técnicos y jurídicos especializados.