El objetivo de esta iniciativa es reforzar la protección de las viviendas históricas y singulares situadas en el litoral castellonense, especialmente en municipios como Moncofa, Xilxes, Oropesa y Cabanes, donde existen núcleos tradicionales afectados por la normativa de costas. El vicesecretario provincial del PPCS y alcalde de Moncofa, Wences Alós, participó en la sesión junto a los alcaldes de Xilxes y Oropesa, Ismael Minguet y Rafael Albert, así como la concejala de Cabanes, Ana Obiol. Todos ellos acudieron al Senado para respaldar una propuesta que, según defendieron, busca garantizar la conservación de viviendas que forman parte del patrimonio histórico de estos municipios.
La protección de estas construcciones no es una cuestión nueva. El PP recordó que ya en abril de 2022 se presentó una iniciativa similar en el Senado para modificar la legislación vigente, aunque aquella propuesta no prosperó. Dos años después, en marzo de 2024, los populares volvieron a llevar la propuesta a la Cámara Alta, donde fue aprobada gracias a su mayoría parlamentaria. Sin embargo, según sostiene el PPCS, la tramitación continúa pendiente en el Congreso de los Diputados. Los representantes populares criticaron la falta de avances y reclamaron al Gobierno central que permita continuar el debate parlamentario.
Durante el debate, el PP también mostró su rechazo a la reforma del Reglamento General de Costas, al considerar que incorpora cambios normativos relevantes sin el suficiente consenso entre administraciones, propietarios y sectores económicos vinculados al litoral. Wences Alós defendió la apertura de espacios de diálogo para abordar las modificaciones normativas que afectan a la costa y pidió una mayor participación de los agentes implicados antes de aprobar cambios regulatorios. Según el dirigente popular, la incertidumbre generada por estas reformas afecta tanto a los ayuntamientos como a los propietarios y actividades económicas relacionadas con el litoral.
La situación de las viviendas tradicionales ubicadas en dominio público marítimo-terrestre continúa siendo objeto de debate entre administraciones, propietarios y organizaciones medioambientales. Mientras los afectados reclaman mecanismos que permitan preservar construcciones históricas, las administraciones competentes deben compatibilizar esta protección con la normativa estatal de conservación y recuperación del litoral.
