La sentencia judicial concluye que “no existe prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia” de Mompó, poniendo fin a un proceso que provocó su salida del Ayuntamiento de Altea, donde dirigía las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio.

El tribunal considera que “no quedó acreditada” la acusación, recordando que “no basta la mera sospecha de la comisión de un delito para poder condenar”. La resolución pone fin al caso que desembocó en la renuncia del edil a su acta y su retirada de la vida política dos días después de la detención.

La investigación se hizo pública cuando Mompó fue detenido por la Guardia Civil en Xàbia y posteriormente quedó en libertad provisional, investigado por presuntos delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves. La noticia provocó una rápida reacción institucional y política, y el entonces concejal presentó su dimisión y renunció al acta, siguiendo la petición de responsabilidades de sus socios de gobierno y de su propia formación política.

En una carta pública, Rafael Ramón Mompó ha descrito este periodo como “probablemente los meses más difíciles” de su vida, manifestando haber “sufrido en silencio el daño personal, familiar y social que provoca una acusación pública de esta magnitud”. Tomó la decisión de dimitir “porque entendí que era lo correcto institucionalmente, aunque aquello supusiera renunciar a una vocación de servicio público en la que creía profundamente”.

El exconcejal también ha aludido al impacto que la situación tuvo en su entorno personal y familiar, y agradece el apoyo recibido por parte de vecinos, amigos y compañeros. “Hoy la Justicia confirma mi inocencia. Quiero agradecer de corazón el apoyo recibido de muchísimas personas de Altea”, afirma en su escrito, aseverando que “no guardo rencor” y espera recuperar progresivamente la tranquilidad, su imagen personal y la normalidad perdida.