Esta movilización, sin precedentes por su duración y por unir a todos los sindicatos docentes, busca vaciar las aulas de forma sostenida en pleno final de curso. Más de 66.000 integrantes del profesorado en todo el territorio autonómico están llamados al paro.

En la Marina Alta, las centrales sindicales esperan un seguimiento muy elevado, similar al de la primera jornada de huelga, en la que, según Comisiones Obreras, un 64,8% de los profesionales no impartieron clase. Además de los piquetes informativos, la coordinadora de asambleas docentes de la comarca ha previsto tres manifestaciones en Dénia, Xàbia y Pedreguer.

La intención de los sindicatos y las asambleas es que el paro tenga el mayor efecto posible en los centros para presionar a la conselleria. Esto provocará que en la gran mayoría de colegios e institutos se deje de avanzar en los temarios, que haya exámenes en el aire y que se vea bloqueada la Evaluación del Diagnóstico, unas pruebas que miden el rendimiento académico del alumnado. A nivel extraescolar, también ha habido excursiones canceladas.

Los servicios mínimos establecen la presencia obligatoria de una persona responsable del equipo directivo en todos los centros públicos, excluyendo actividades lectivas. Para Infantil y Primaria, deberá haber un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. En Educación Especial, dos educadores por cada cinco unidades. Para ESO y Bachillerato, un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

Uno de los puntos de conflicto entre la conselleria y los sindicatos ha sido la pretensión de la primera de que todo el profesorado evalúe al alumnado de Segundo de Bachillerato, una medida que las centrales consideran que vulnera el derecho a la huelga. El STEPV ha preparado un modelo de reclamaciones sobre estos servicios mínimos.

Entre las reclamaciones del colectivo docente destacan la bajada de ratios (de 25 a 15 alumnos en Infantil y Primaria, y de 30/25 a 20 en ESO y Bachillerato), la recuperación de plantillas con la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo, y la mejora de las infraestructuras de los centros, incluyendo un plan de adecuación climática y la finalización de proyectos del Plan Edificant.

También se demandan mejoras salariales, como la recuperación del poder adquisitivo, un incremento de 500 euros brutos mensuales, la revisión anual del IPC y la recuperación de la paga extra. Finalmente, se buscan mejoras en las condiciones laborales, como la reducción de la temporalidad, la remuneración por la participación en tribunales de oposiciones y la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, así como la simplificación de procedimientos. Las movilizaciones también defienden la preservación del valenciano como lengua de cohesión y calidad educativa.